Chantaje en Vigo (Arturo Pérez Reverte)

Vigo. O sea, Galicia. España. Estado moderno –dicho sea lo de
Estado con las cautelas oportunas–. Democracia constitucional con
supuestos derechos y libertades de cada cual. En mi casa mando yo,
resumiendo. Y mi amigo Manolo, que es un ingenuo y se lo cree, necesita
cubrir un puesto de auditor. Es una oferta seria y bien remunerada. Así
que publica un anuncio en la prensa local: «Se necesita auditor para
empresa solvente». Y empieza el circo. 
La cosa se encarna en inspectora de Trabajo y Asuntos
Sociales, con todas sus letras. Hola, buenas, dice la pava. ¿Cómo es
que solicitan ustedes un auditor, y no un auditor o una auditora? Mi
amigo, que es hombre culto, conoce las normas de la Real Academia en
particular y de la lengua española en general, y no trinca de la
corrección política ni de la gilipollez pública, como otros, argumenta
que auditor es masculino genérico, y que su uso con carácter
neutro engloba el masculino y el femenino desde Cervantes a Vargas
Llosa, más o menos. No añade, porque es chico educado y tampoco quiere
broncas, que no es asunto suyo, ni de su empresa, que una pandilla de
feminazis oportunistas, crecidas por el silencio de los borregos, la
ignorancia nacional y la complicidad de una clase política
prevaricadora y analfabeta, necesite justificar su negocio de
subvenciones e influencias elevando la estupidez a la categoría de
norma, y violentando a su conveniencia la lógica natural de un idioma
que, aparte de ellas, hablan cuatrocientos millones de personas en todo
el mundo. Olvidando, de paso, que la norma no se impone por decreto,
sino que son el uso y la sabiduría de la propia lengua hablada y
escrita los que crean esa norma; y que las academias, diccionarios,
gramáticas y ortografías se limitan a registrar el hecho lingüístico, a
fijarlo y a limpiarlo para su común conocimiento y mayor eficacia.
Porque no es que, como afirman algunos tontos, las academias sean
lentas y vayan detrás de la lengua de la calle. Es que su misión es
precisamente ésa: ir detrás, recogiendo la ropa tirada por el suelo,
haciendo inventario de ésta y ordenando los armarios.

Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se
requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la
realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida
simultáneamente a trabajadores de ambos sexos».
Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora,
con tres palabras en vez de una, en anuncios que se cobran precisamente
por palabras, o deberá atenerse a las consecuencias. Y a mi amigo,
claro, se lo llevan los diablos. «O es un chantaje feminista más –se
lamenta–, o mi anuncio despista de verdad, y algunas mujeres ignorantes
o estúpidas creen que no pueden optar a ese puesto de trabajo. Lo que
sería aún más grave. Si lo que tanta idiotez de género ha conseguido es
que, al final, una mujer crea que ofrecer un trabajo de auditor es sólo para hombres y no para ella, todo esto es una puñetera mierda.» Etcétera.

El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse
en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios
jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable,
competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–,
le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo
«puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la
empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. «¿Entonces, la
legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular
de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia
Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. «¿Y
qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes
periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es
la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.»

Es inútil añadir que, ante la perspectiva de un procedimiento
judicial de incierto resultado, que iba a costarle más que las dos
palabras suplementarias del anuncio, Manolo ha cedido al chantaje, y lo
de auditor a secas se lo ha comido con patatas. «Auditor, auditora y
auditoro con miembros y miembras», creo que pone ahora. Con mayúsculas.
Tampoco está el patio para defensas numantinas. Esto es España, líder
de Europa y pasmo de Occidente: el continuo disparate donde la razón
vive indefensa y cualquier imbecilidad tiene su asiento. Como dice el
pobre Manolo, «lo mismo voy a juicio, colega, me toca una juez
feminista y encima me jode vivo». Intento consolarlo diciéndole que
peor habría sido, en vez de auditor, necesitar otra cosa. Un albañil,
por ejemplo. O albañila.

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